INVIERNO Y GATOPARDISMO

Luis I. Sandoval M.

Las tragedias develan la debilidad del Estado o su inexistencia. La tragedia del narcotráfico mostró que nuestra institucionalidad es extremadamente frágil frente a la delincuencia organizada. Fácilmente se crean Estados dentro del Estado. La institucionalidad tampoco ha podido incluir o vencer a las insurgencias mayores. Al presente este descomunal invierno muestra que no tenemos un Estado previsor que nos ampare ante los excesos naturales originados en el agua, los terremotos, la erupción de volcanes.

Pero más allá del déficit de Estado lo que hay es un déficit de sociedad, esto es, de política. Y la política es corta porque los partidos son enanos. En los proyectos de país, cuyos generadores y portadores son precisamente los partidos, debe caber la prevención y contención de los excesos políticos y naturales porque la política es eso: organizarse para vivir y dejar vivir. La política existe en función de la vida, su expansión y protección.

La política liliputiense aprovecha las tragedias de todo orden no para crear salvaguardas sino para perpetuarse y reproducirse. Eso ocurre con la política mezquina y perversa que tenemos. Por eso el narco deriva en parapolítica, parte de las élites dominantes cooptan a las mafias, los grandes proyectos se acompañan casi siempre de grandes escándalos de corrupción y la atención de víctimas y damnificados se vuelve desenfrenado clientelismo.

Cuando la política no florece en proyectos serios las reformas son paliativos gatopardistas, es decir, acciones o amagos para que todo cambie y, sin embargo, todo siga igual, según la conocida filosofía de Giuseppe Tomasi, Príncipe de Lampedusa, en su aprestigiada novela El Gatopardo (1954).

Se estima que el actual fenómeno de La Niña afecta aproximadamente la quinta parte de los cinco millones de hectáreas cultivadas que tiene el país. En rigor nadie podía prever la dimensión de las lluvias ni la afectación que ellas producirían, pero sí es evidente que instituciones y personas responsables del manejo de los ecosistemas están lejos de cumplir con lo mínimo razonable y legal. No tanto los 808 alcaldes que investiga la Procuraduría, sino más bien las flamantes Corporaciones Regionales, como certeramente ha señalado el Defensor del Pueblo, a las que sí atañen políticas y acciones de alcance regional, departamental e interdepartamental.

Se calculan en 10 billones de pesos (US$ 5.700 millones, otro Plan Colombia) los costos de asistir, reparar, reconstruir o construir la infraestructura necesaria en las zonas de desastre. Estando en gestación el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 es preciso incluir en él los programas y recursos correspondientes. Economía, política y gestión pública, local y nacional, han de ponerse al servicio de superar las crisis superpuestas que afectan gravemente a millones de compatriotas. Razón de más para que restitución de tierras y desarrollo rural sigan adelante y se profundicen.

Los excesos, tragedias y avatares inesperados de la vida colectiva, son también oportunidades para que sociedades, pueblos y naciones se crezcan. Esa es la misión de los partidos políticos a través de los proyectos de país que están llamados a proponer a la ciudadanía y que los convierten en administradores del Estado en virtud de la escogencia y elección de esa misma ciudadanía.

Necesitamos partidos con proyectos de vida colectiva a la medida de nuestras tragedias, nuestros sueños y nuestras potencialidades. Los partidos tienen que salir del enanismo y superar el caudillismo hipertrofiado estimulando el crecimiento de los ciudadanos y ciudadanas en cada uno de los 1102 municipios de Colombia. Ejercer derechos desde abajo, apropiarse de lo público, constituirse y tomar las riendas sin pedir permiso, para eso han de servir las elecciones territoriales de octubre de 2011.